JUSTICIA Y GRACIA

“Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, sólo justicia”. Este enunciado, que puede ser el de un capo mafioso, Héctor Aguilar Camín lo atribuye a don Benito Juárez, un ferviente defensor del Derecho y la aplicación imparcial e irrestricta de la Ley. Cuando lo leí por primera vez en su novela La guerra de Galio no se me ocurrió preguntar a Aguilar Camín dónde la dijo o escribió Juárez. He buscado incesantemente la fuente y no la encuentro. El torcimiento, el empleo selectivo y la inaplicabilidad del Derecho en México hacen que la expresión adquiera realidad y verosimilitud, aun si no la dijo Juárez. Por eso la utilizo en esta entrega que analiza la aplicación de la justicia en la UNAM, y en particular en el CCH.

“Para los amigos, justicia y gracia…”

NOÉ AGUDO (14/III/2017)

A la mayoría de los universitarios nos han llenado de orgullo y satisfacción las acciones que la UNAM ha encabezado recientemente, pues la identifican como una institución educativa atenta, sensible y activa en la solución de  la problemática política y social del país. Fue una de las primeras y principales convocantes a la marcha del pasado 12 de febrero para manifestar nuestro repudio a la política antimexicana que sigue el gobierno estadunidense, y el viernes 24 de ese mismo mes se informó que la UNAM encabeza a 200 universidades de México y los Estados Unidos para crear una red de protección a estudiantes mexicanos radicados en aquel país, además de trabajar en un programa para impulsar la ciudadanización de migrantes mexicanos en los EE.UU.

            Estas acciones son resultado de una comprensión lúcida y cabal de los problemas, como se puede apreciar en las reflexiones que acompañaban a la convocatoria con el llamado a la marcha del pasado 12 de febrero. Allí se asentaba que se debe exigir al gobierno de México evitar la simulación y asumir acciones concretas e inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. “Es tiempo de corregir desaciertos” declaraba el rector Enrique Graue dos días antes de la marcha (El Universal, 10/II/2017), reconociendo así que muchos de los problemas que viven nuestros conciudadanos en aquel país son resultado de estos desaciertos.

            Por eso el rector debe enterarse, si no lo está, de cómo en ciertos espacios de la UNAM aún prevalecen desaciertos de esta índole, que son los que generan corrupción, simulación e impunidad, y son los mismos que obligaron a emigrar a nuestros paisanos y que provocan la inexistencia de un Estado de Derecho en México. Son múltiples los casos de corrupción, simulación e impunidad en la UNAM, y todos tienen como denominador común el uso parcial y arbitrario de la normatividad universitaria o su incumplimiento absoluto, que es peor. Pongo como ejemplo el caso de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), donde de manera flagrante y constante se cometen violaciones a la normatividad universitaria y se la utiliza para reprimir o consumar venganzas.

            Citaré sólo tres ejemplos para dar una idea del problema. Mientras a algunos profesores de carrera se les degrada de manera tramposa del nivel más alto al nivel cero, sin motivo ni justificación alguna, a otros se les consiente y se les permite continuar disfrutando sus privilegios, no obstante la existencia de pruebas evidentes y fehacientes de que han incumplido con obligaciones indispensables, como es la entrega de documentos básicos. El caso más reciente es el doctor Roberto Ávila Antuna, adscrito al plantel Vallejo del CCH, quien no obstante que no entregó en tiempo y forma su informe de trabajo para evaluación del PRIDE, y consecuentemente la DGAPA decidió quitarle los estímulos, consiguió que la instancia responsable (el Consejo Técnico) le aceptara fuera de tiempo su informe, lo volviera a evaluar, le regresara los estímulos y lo situara otra vez en la categoría que venía disfrutando. Desde luego, el doctor Ávila Antuna no es un simple profesor: es un colaborador extra oficioso del director general, además de que fue director del plantel Vallejo y como tal sabe apretar botones dentro de la burocracia para conservar sus privilegios, y aprendió a ser obsecuente y condescendiente con los que lo deciden.

Pero, independientemente de su labor extra oficiosa, que a nadie debe interesar más que a su honorabilidad y conciencia, el del doctor Ávila Antuna es un ejemplo lamentable de cómo la normatividad se aplica de manera selectiva en el CCH. Conozco el caso de otro profesor que, habiendo logrado una excelente categoría (Nivel “C”), y por tal motivo fue propuesto por el Consejo Técnico para ocupar el nivel más alto (Nivel “D”), al siguiente semestre resultó inexplicablemente degradado al nivel cero.

Ni el Consejo Técnico, ni la Defensoría de los Derechos Universitarios, ni la DGAPA, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni el Abogado General pudieron echar atrás esta resolución que, hay que decirlo, ocurrió en la administración que antecedió a la del doctor Jesús Salinas Herrera, y por eso éste generó tantas expectativas favorables dentro de la comunidad, pues se esperaba que con él iniciara un proceso de saneamiento del CCH. Efectivamente, en cuanto asumió sus funciones como nuevo director general, pudo revertir tan arbitraria medida y devolvió al profesor la categoría que le había sido arrebatada de manera francamente burda, resultado de una alevosa mentira: la instancia correspondiente, la Secretaría Docente del plantel Vallejo, sostenía que el profesor no había entregado el informe de trabajo, cuando él mostró cuantas veces fue necesario el acuse de recibo donde quedaba asentado que había entregado en tiempo y forma su informe. Hoy, el caso de Roberto Ávila Antuna solo demuestra que cualquier “desacierto” es posible de corregir y modificar si se goza de la complicidad del director general, y pone en evidencia el desapego al Estado de Derecho que aún padece la UNAM en ciertas áreas, y el uso arbitrario y a conveniencia de la normatividad universitaria.

            Otro caso es el de un profesor que en la UNAM es integrante de la administración del doctor Jesús Salinas Herrera, mientras que en el Instituto Politécnico Nacional se ostenta como responsable sindical. Esto sólo indicaría que sabe medrar con los cargos académicos y con los de representación sindical, pero el punto a destacar resulta más grave y es el siguiente:

El maestro Cecilio Rojas Espejo, actual responsable del Departamento de Formación de Profesores en la dirección general del CCH, fue acusado de extorsión y amenazas por parte de un profesor del plantel Vallejo. Dicho profesor lo denunció ante la Oficina Jurídica del plantel, donde se levantó el acta administrativa correspondiente, misma que fue remitida al rector de la UNAM porque, por las propias palabras de Rojas Espejo, es intocable porque era y sigue siendo “el hombre de confianza” del director general.  A través de su secretario particular, maestro Manuel Jacobo Cadena Lau, el rector José Narro Robles respondió mediante el oficio 3-150711, con fecha 1 de julio de 2015, indicando al entonces director del plantel Vallejo investigara y atendiera esta anomalía. (Es necesario precisar que el profesor Cecilio Rojas Espejo fungía en ese momento como secretario general del plantel Vallejo, por lo cual resulta inexplicable que desapareciera justo entonces, sin dar ninguna explicación ni aviso a su jefe inmediato, el director del plantel.) Al regresar de las vacaciones interanuales, en el mes de agosto, el profesor Cecilio Rojas apareció con una nueva responsabilidad, pero ahora en la dirección general, y la comunidad y el cuerpo directivo del plantel Vallejo jamás se enteraron de lo que sucedió realmente. El rector Narro Robles concluyó su periodo como rector, el director del plantel Vallejo fue cesado en los días finales de agosto de 2015, así que la indicación y la denuncia fueron olímpicamente ignoradas o archivadas. ¿Qué sucedió realmente? No afirmo ni niego la responsabilidad de Rojas Espejo, señalo que se le acogió en la dirección general para protegerlo, y la denuncia y la indicación de investigar la anomalía fueron brutalmente ignoradas.

Las autoridades del CCH podrán argumentar que la comunidad docente y estudiantil no tiene por qué enterarse de los acomodos y conflictos administrativos que vive la institución, pero en este caso sí es necesario ventilar el tema, pues consideramos que de este conflicto derivó el cese súbito del director del plantel Vallejo, que apenas había cumplido su primer año en el cargo, y generó otras consecuencias negativas como se verá a continuación. Además, el actual director general del Colegio arribó con el apoyo de varios profesores que, como el que relato en el primer caso, lo apoyamos porque representó una posibilidad de cambio pues se comprometió a respetar la normatividad universitaria. Esto no ha sucedido en los hechos, sino todo lo contrario: ha usado la normatividad para la persecución y cese de algunos profesores, la ha aplicado a conveniencia o simplemente la ha ignorado, así que la esperanza de cambio resultó peor.

            La ruptura de la normatividad institucional que el doctor Jesús Salinas propició al ignorar la instrucción del rector de investigar esa denuncia contra el maestro Cecilio Rojas Espejo, y acogerlo en la dirección general como jefe de departamento, ha causado graves daños a la institución. Hasta la fecha no conocemos las razones por las cuales cesó al anterior director, ni si está relacionado con este hecho. No sabemos si procede la denuncia contra Cecilio Rojas Espejo y si es así sería muy grave mantenerlo en un puesto en la administración general, pues con eso se le está otorgando inmunidad e impunidad y se está diciendo a la comunidad que la normatividad universitaria se aplica selectivamente y que hay personas intocables (como lo decía a voz en cuello el profesor Rojas Espejo y lo expresan paladinamente los hechos).

Otra consecuencia es que el director general puso a su conveniencia y gusto a quien remplazó al anterior director. Este director sustituto, profesor José Cupertino Rubio Rubio, ha sido omiso e inepto con respecto a sus obligaciones y responsabilidades. Como conoce bien las razones por las cuales remplazó al anterior, sabe que el director general ya no lo puede remover y por tanto le es indiferente la situación del plantel. Nunca se le encuentra, el descuido de las instalaciones es evidente (basura, suciedad, robo de equipo y mobiliario, incuria y destrucción en salones y baños), grupos porriles que se pasean y cometen ilícitos en el interior del plantel sin que nadie les diga nada; una situación permisiva en la ingesta de alcohol, venta y también consumo de drogas… Todo esto hace incierta la seguridad de profesores y alumnos y los riesgos de conflictos aún más graves se acrecientan. Por supuesto, si no puede propiciar un ambiente seguro de estudio y trabajo para alumnos y profesores, menos es capaz de crear condiciones favorables para elevar el aprovechamiento académico de los alumnos, combatir la reprobación y evitar los altos índices de deserción que hoy caracterizan al plantel.

Otro ejemplo del uso faccioso de la normatividad es el caso del profesor Ernesto Coronel Pereyra, quien fue acusado por tres colegas suyos del área Histórico-Social de usar las calificaciones de exámenes extraordinarios a cambio de ciertos favores con las alumnas. Los tres profesores lo denunciaron ante la Oficina Jurídica del plantel (allí están sus nombres en las actas que al respecto fueron elaboradas) y el director, en lugar de castigarlo o cesarlo como lo ha hecho contra otros profesores con acusaciones menos fundamentadas, o faltas sin comprobar, simplemente lo premió dándole una comisión para que Coronel Pereyra fuera a estudiar su doctorado. Desde luego, este profesor, al igual que Rojas Espejo, es protegido por funcionarios de la actual administración del plantel.

Son muchos más los ejemplos de lenidad, perversión, torcimiento y uso faccioso de las normas que deberían regirnos como integrantes de una institución educativa ejemplar, que es a la que aspiramos. A mi correo llegan numerosas quejas de profesores que se atreven a denunciar el maltrato que reciben, y tarde o temprano nos enteramos del favoritismo con que se consiente a otros. Simplemente mi caso está por cumplir un año a la espera de que la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución emita su dictamen acerca de una acusación totalmente sin fundamento, que personeros del director general elaboraron. De manera extra oficial me he enterado que la tardanza en dar a conocer esta resolución es porque el señor director ha solicitado que se demore todo lo necesario, para castigar a un sencillo profesor de asignatura que se atreve a opinar y señalar lo que considera constituyen errores. No pido que la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución me exonere, simplemente que entregue ya su dictamen. De otra forma, podría afirmar muy justificadamente que así se pervierten las instancias colegiadas mixtas de la UNAM.

            Visto todo lo anterior y para concluir, el enunciado mafioso con que encabezo este escrito debería modificarse para el CCH: “Para los amigos, lenidad, gracia y olvido de la justicia; para los enemigos justicia y sevicia”.

LA RENUNCIA DE RODRÍGUEZ CHÁVEZ   

La renuncia del ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Chávez a la secretaría general del Colegio no debería causar ninguna inquietud si la transparencia y la aplicación rigurosa de la normatividad fueran realidad en el CCH. Se podría pensar que Rodríguez Chávez simplemente renunció porque desea prepararse para su postulación a la dirección general, o se retira por motivos de salud y totalmente en armonía con su ex jefe. Sin embargo, como he demostrado en este texto, la normatividad no se aplica imparcial y universalmente, sino al arbitrio de los funcionarios en turno. Por esas razones hay agitación en cada cambio de administración o en el movimiento de funcionarios clave, pues de esas personas dependen cuestiones tan elementales como la permanencia misma en el trabajo de muchos profesores, el número de horas con que contarán otros, los criterios de evaluación y promoción, la estabilidad misma de los docentes y muchas cuestiones más. La actividad académica depende de estas cuestiones.

En el caso de Rodríguez Chávez, él mismo debe ver con decepción la administración de la cual formó parte. En una reunión a la que asistió en calidad de aspirante a la dirección general, al igual que Jesús Salinas Herrera y otros dos candidatos, Rodríguez me pareció un profesor preocupado por el rumbo que seguía el CCH de permanecer la anterior administración: criticó con énfasis los excesos y vicios que se habían cometido y señaló el desastre mayúsculo al que se encaminaba el Colegio. Hoy debe reconocer que sólo logramos el cambio de personas, mas no el del funcionamiento de la institución. El CCH no sólo va por el mismo camino sino que está en una situación peor. Recuerdo que me felicitó por mis artículos. ¡Qué dirá hoy!, al enterarse que soy considerado un enemigo por el actual director general, por atreverme a señalar sus fallas e incongruencia, cuando en aquellos días me animaba a continuar escribiendo.

Al Colegio, al igual que a nuestro país, le urge la aplicación irrestricta del Derecho. No deberían interesar las personas que lleguen sino las propuestas que hagan para el funcionamiento eficaz de la institución, las medidas que propongan para que los directivos actúen apegados a la norma y con transparencia. Quien no atienda estos aspectos medulares es alguien que sólo desea un cambio de personas, alguien que sólo desea servirse de la institución. Para no vivir otra decepción como la ocurrida con Jesús Salinas Herrera y repetir el “quítate tú para ponerme yo”, debemos hacer funcionar las instancias de representación, crear mecanismos eficaces de transparencia y hacer que la rendición de cuentas sea una obligación cotidiana, como obliga la ley a todo servidor público.